Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del MEC

El despliegue de nuevas políticas de financiación en función de resultados de la actividad universitaria, requiere de la disponibilidad pública de una información fiable y contrastada respecto a la generación de los mismos y algunos indicadores básicos de proceso.

23.05.2012

En el documento de Reflexión sobre la mejora de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español se recoge “la necesidad de avanzar en el ámbito de la transparencia de la información, que ha de estar disponible para que los agentes (nacionales e internacionales) implicados en el sistema puedan realizar su toma de decisiones con las máximas garantías de acierto”.

El despliegue de nuevas políticas de financiación en función de resultados de la actividad universitaria, requiere de la disponibilidad pública de una información fiable y contrastada respecto a la generación de los mismos y algunos indicadores básicos de proceso.

Actualmente, y tal y como está recogido en la LOMLOU, las universidades tienen la obligación de presentar sus cuentas anuales al Consejo Social para su aprobación. Estas cuentas se trasladan también a los Órganos Autonómicos de Control Externo para su fiscalización, pero este es  sólo un aspecto parcial de la rendición de cuentas. Avanzar y profundizar en este sentido es imprescindible. Se trata de informar y poner a disposición de todas las instituciones, todos los agentes y la sociedad en general, un informe que permita valorar los resultados de las universidades y evaluar la rentabilidad del gasto público financiado por los contribuyentes.

Este informe que se elaborará desde la Secretaría General de Universidades en estrecha colaboración con expertos en cada uno de los ámbitos que se analizan, deberá presentarse con periodicidad anual o bienal al Consejo de Universidades, a la Conferencia General de Política Universitaria y a las Cortes. El informe deberá ser lo suficientemente amplio, como para facilitar una visión global y de conjunto de los resultados que proporciona a la sociedad el gasto público en las universidades. El informe detallará una serie de indicadores que estarán consensuados tanto con las Comunidades Autónomas como con las Universidades.

Por otra parte, El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, que en su artículo 27 establece los criterios y directrices para el seguimiento de los títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y, entre ellos, se especifica el carácter público de los indicadores, por lo que es necesario garantizar la fiabilidad y comparabilidad de los datos, tanto en sus definiciones, metodologías de cálculo, como -y especialmente- en los procesos de validación aplicados.

Por último, el código de buenas prácticas de las estadísticas europeas determina la necesidad de que las estadísticas de calidad se apoyen en una metodología sólida, lo cual exige herramientas, procedimientos y conocimientos especializados adecuados, aplicados desde la recogida de los datos hasta la validación de los mismos. Así pues, han de existir procedimientos para garantizar que se aplican coherentemente los conceptos, las  definiciones y las clasificaciones estándar. Debe existir también una concordancia detallada entre las clasificaciones nacionales y los sistemas europeos correspondientes. Cuando las estadísticas europeas se basan en datos administrativos, las definiciones y los conceptos utilizados a efectos administrativos deben aproximarse bastante a los requeridos a efectos estadísticos. Se reconoce también la necesidad de utilizarse sistemas informáticos de edición y de imputación, que se revisen o actualicen periódicamente conforme a lo dispuesto. Es necesario que las revisiones sigan procedimientos normalizados, consolidados y  transparentes.

En estos momentos, la información universitaria existente presenta una serie de debilidades que le impide dar respuesta suficiente a las nuevas necesidades que están surgiendo, además de dificultar el desarrollo de políticas de fomento de la eficiencia en el Sistema Universitario:

• Coexisten diversas Instituciones, organismos y asociaciones produciendo el mismo tipo de información, que arroja resultados diferentes y en algunos casos dispares, lo que genera mucha incertidumbre en el sistema, que termina traduciéndose en incredulidad y desconfianza de la información por parte de los agentes involucrados.

• La información existente se encuentra dispersa en diferentes unidades u organismos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, lo que impide disponer de una visión global de todo el sistema que permita una valoración en conjunto.

• En muchos casos la información y los criterios de medida no son homogéneos, por lo que los resultados no son comparables entre Comunidades Autónomas ni entre universidades.

• No existe un conjunto de indicadores, que calculados de forma homogénea  permitan la comparabilidad, a la vez que garanticen la calidad y aporten la información necesaria y suficiente a todos los agentes del sistema: por un lado, el Ministerio, las Comunidades Autónomas y las Universidades para el desarrollo de su política universitaria (que en muchos casos ha de ser coordinada); por otro, los estudiantes y personal en formación que deberían disponer de información que les permita adoptar las decisiones más adecuadas en cada caso; y por último, los profesores e investigadores que deberían desempeñar sus funciones con la garantía de disponer de toda la información que necesitan en el momento adecuado, etc.

Objetivo

El Ministerio de Educación como agente coordinador, garante de objetividad y neutralidad, con criterios homogéneos que permitan la comparabilidad, está desarrollando un Sistema Integrado de Información Universitaria, que estará apoyado en una herramienta informática potente que permita mantener una estructura de datos flexible, adaptada a las necesidades, ágil y que facilite información inmediata a cada agente en función de sus necesidades.

Se podrá disponer de información del Sistema Universitario Español en su conjunto, así como de indicadores que permitirán la comparabilidad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Las Comunidades Autónomas formarán parte activa en el desarrollo de este Sistema de Información, de manera que se constituirá una Comisión Técnica de Estadística e Información Universitaria en la que estarán representadas todas las Comunidades Autónomas.


Desarrollo del trabajo

El soporte principal de la información se conducirá a través de las Comunidades Autónomas. Así pues, cada Comunidad Autónoma ha designado un representante de su propia comunidad en la Comisión Técnica de Estadística e Información Universitaria para participar en el desarrollo del proyecto.

La aplicación tendrá diferentes ámbitos de información:

1. Módulo o Área Académica
2. Módulo o Área de Recursos Humanos
3. Módulo o Área Económica
4. Módulo o Área de Inserción Laboral
5. Módulo o Área de I+D
6. …

El desarrollo del Sistema de Información será gradual y avanzará consolidando niveles y áreas de información.

En una primera fase se desarrollarán el Área Académica y el Área de Recursos Humanos (personal al servicio de las universidades):

La Comisión Técnica de Estadística e Información Universitaria desarrollará:

• El diseño de la estructura de la información (variables que se incluirán en cada fichero,  procesos de depuración y validación).

• Selección de indicadores más relevantes que calculará el sistema de forma automática. Entre los indicadores que se desarrollen han de encontrarse aquellos que ANECA considere necesarios para el seguimiento de los títulos universitarios.

• Determinación de los estadísticos que el sistema calculará de forma automática y que permitirán la comparación entre comunidades autónomas y entre universidades.

• Determinación de usuarios y niveles de acceso a la información.

En una segunda fase se desarrollará el Área Económica. La Comisión Mixta de Financiación ha designado una Comisión de Contabilidad Analítica con tres objetivos claros: determinar un modelo de contabilidad analítica;  acordar los criterios de reparto y diseñar  un conjunto de informes e indicadores económico-financieros que permitan la comparabilidad entre las diferentes instituciones.